El médico potosino solicita una revisión exhaustiva de la investigación penal que enfrenta y del procedimiento familiar relacionado con sus hijos; pide que pruebas, fechas y peritajes sean valorados para definir su situación.

San Luis Potosí, S.L.P.- Más de 16 meses sin poder convivir con sus hijos llevaron al médico Ricardo Purata a hacer público el proceso legal que enfrenta y solicitar a las autoridades de San Luis Potosí una revisión exhaustiva de su caso, ante lo que considera inconsistencias que deben ser aclaradas dentro de las propias instancias de justicia.

“Hoy vengo a levantar la voz por mis hijos. Hoy quiero pedir a las autoridades imparcialidad”, escribió Purata al exponer públicamente una situación que involucra tanto un procedimiento penal como uno familiar.

Desde mayo de 2025, Purata aparece relacionado con la carpeta CDI/FGE/I/D01/10727/25, iniciada por una denuncia de presunto abuso sexual calificado. El médico rechaza la acusación y solicita que las autoridades revisen la totalidad de los elementos disponibles antes de establecer responsabilidades.

Su postura no pretende que la denuncia deje de investigarse. Por el contrario, pide que la investigación avance, que las pruebas sean contrastadas y que exista una determinación sustentada jurídicamente.

Una denuncia que debe esclarecerse

Entre los principales cuestionamientos planteados por Purata se encuentran las fechas relacionadas con los hechos denunciados, pues sostiene que existen discrepancias que pueden ser verificadas mediante distintos elementos de prueba.

También ha expresado dudas respecto de algunos peritajes incorporados al procedimiento, al señalar que existirían evaluaciones en las que él no habría sido entrevistado directamente.

“Revisen las fechas de esa denuncia y comprueben con todas las pruebas”, pidió.

Será la autoridad ministerial y, en su caso, judicial la encargada de determinar si estas observaciones tienen sustento y qué valor poseen dentro del procedimiento.

Hasta que exista una resolución, tanto la denuncia como los argumentos presentados por Purata deberán ser analizados bajo las reglas del debido proceso.

La otra consecuencia: 16 meses sin sus hijos

Mientras la investigación penal continúa, existe otro procedimiento que para Ricardo Purata resulta igualmente urgente.

Se trata del expediente familiar 766/2024, radicado en el Juzgado Sexto y relacionado con la convivencia con sus hijos.

Purata sostiene que el procedimiento penal ha terminado por impactar directamente en el ámbito familiar y que, durante más de 16 meses, no ha podido mantener convivencia con los menores.

Dentro del expediente, asegura, existen valoraciones realizadas por profesionales que han atendido a sus hijos y en las cuales, según refiere, éstos han manifestado extrañarlo y querer verlo.

Ante este escenario, no plantea únicamente recuperar de manera inmediata una convivencia ordinaria. Su solicitud es que la autoridad determine si existen condiciones para establecer un esquema supervisado, acompañado por especialistas y sujeto a las medidas de protección que sean necesarias.

La decisión deberá considerar, antes que cualquier interés de los adultos involucrados, la seguridad y el interés superior de los menores.

Pide analizar el caso completo

Purata sostiene además que el conflicto relacionado con la convivencia de sus hijos comenzó antes de la presentación de la denuncia penal y considera necesario que esos antecedentes también sean valorados.

En su publicación ha realizado señalamientos sobre posibles actos de manipulación, extorsión, alienación u obstrucción parental. Estas afirmaciones corresponden a la versión de Ricardo Purata y no constituyen hechos acreditados mientras no exista una resolución de la autoridad competente.

Precisamente por la existencia de versiones contrapuestas, el caso requiere respuestas institucionales y no conclusiones construidas desde las redes sociales.

“Necesitamos certeza de las autoridades”

Después de más de un año sin convivencia, Purata asegura que decidió exponer públicamente su situación para solicitar que los procedimientos no permanezcan indefinidamente sin una definición que permita conocer qué sigue para él y, principalmente, para sus hijos.

“No soy el único y mis hijos no son los únicos. Ya basta. Necesitamos certeza de las autoridades. Necesitamos el bien superior del menor”, expresó.

La denuncia que existe en su contra debe investigarse con toda la seriedad que exige un señalamiento de esta naturaleza. De la misma manera, los argumentos, pruebas e inconsistencias que Purata asegura poder demostrar deben ser revisados y, en su caso, descartados o confirmados por las instituciones correspondientes.

No se trata de resolver desde la opinión pública quién tiene la razón.

Se trata de que las autoridades encargadas del caso revisen, investiguen y determinen.

Porque mientras los expedientes siguen su curso, hay una realidad que ya acumula más de 16 meses: unos hijos y su padre continúan sin convivir, y corresponde a las instituciones establecer si existen condiciones para que ese vínculo pueda recuperarse de manera segura y supervisada mientras llega una resolución definitiva.