La sombra de la corrupción se cierne sobre San Luis Potosí, y las cifras lo confirman: bajo la administración de Ricardo Gallardo Cardona, las víctimas de este flagelo han aumentado drásticamente.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de ciudadanos afectados pasó del 12.6% en 2021 a un alarmante 15.6% en 2023, colocando al estado en el noveno lugar nacional por prevalencia de corrupción.

La tendencia es preocupante. Desde 2013, cuando la cifra alcanzó un 18%, se han registrado fluctuaciones en los niveles de corrupción; sin embargo, bajo el actual gobierno, el problema parece haber tomado un nuevo impulso.

Áreas clave como el pago de impuestos vehiculares, trámites en el Registro Civil y asuntos ante el Ministerio Público encabezan la lista de gestiones plagadas por irregularidades.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, los datos del INEGI dejan al descubierto la incapacidad del gobierno estatal para combatir este mal. Mientras la ciudadanía enfrenta estas prácticas de manera cotidiana, las autoridades guardan silencio.

La confianza de los potosinos está en juego, y las promesas del actual gobierno parecen diluirse entre escándalos y omisiones.

El aumento de corrupción no solo golpea los bolsillos de los ciudadanos, sino que pone en entredicho la integridad de las instituciones estatales.