Un alarmante encubrimiento parece estar gestándose en San Luis Potosí: de 535 delitos contra la libertad personal registrados entre enero y octubre de este año por el Sistema Nacional de Seguridad, 531 fueron relegados a la ambigua categoría de «otros delitos». Solo 4 casos se catalogaron como secuestros extorsivos, dejando serias dudas sobre la transparencia en el manejo de estas cifras.

La fiscal Manuela García Cázares, al ser cuestionada sobre los 531 casos «perdidos», ofreció una confusa y poco convincente explicación:
«Afortunadamente hemos tenido muy pocos secuestros. Yo creo que ha sido la forma de ubicación la que ha creado confusión, pero no tenemos ese número, por supuesto que no.»

Sin embargo, su negativa a aceptar una manipulación dolosa no despeja las sospechas. ¿Por qué la mayoría de estos delitos no se reportan correctamente?

La situación es más grave si se considera que este año, la Guardia Civil ha alertado sobre incidentes de secuestros exprés y en calidad de rehén. Sin embargo, el Sistema Nacional no registra ni un solo caso de estas modalidades. En las categorías de secuestro exprés, para causar daño y calidad de rehén, las cifras permanecen en cero. Todo apunta a que casi el 100% de los casos se oculta bajo la etiqueta de “otros delitos”.

¿Qué está pasando realmente? La falta de claridad deja una preocupante sombra sobre la Fiscalía y su manejo de la información. ¿Cuántos secuestros estamos ignorando?

¿Verdad oculta o estrategia de encubrimiento? ¡Exigimos respuestas claras y transparencia en las cifras de seguridad!